Pregonero Digital

06/02/2015 10:41:54 Aguascalientes, Ags.- Sin reparar en sus deficiencias operativas que se traducen en un servicio irregular, la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes emprendió una fuerte embestida en contra de los usuarios morosos.A través de despachos jurídicos que están recurriendo a la llamada política del garrote (intimidación y chantaje), la compañía pretende recuperar los adeudos, muchos de ellos injustificados, porque corresponden a recibos con cantidades estratosféricas y de zonas donde ni siquiera se cuenta con el servicio.

Por si fuera poco, usuarios inconformes aseguraron que la concesionaria muestra una total cerrazón a la revisión de los casos, pese a reconocer irregularidades en la operación del servicio a los domicilios y negocios.

Incluso pretende hacer efectivo el cobro de elevados cargos derivados de la presencia de fugas de agua, que han sido reportadas sin recibir respuesta alguna para su atención.

En su embestida contra quienes adeudan más de dos períodos, Proactiva Medio Ambiente CAASA se está apoyando por despachos jurídicos que se dedican a distribuir sus amenazas por escrito y a realizar a deshoras llamadas telefónicas intimidatorias.

El personal de cobranza de los despachos, hace acto de presencia en los domicilios para amedrentar y obligar a pagar deudas no reconocidas, o que no están justificadas.

Grupo Promotor Estratégico, S.A. de C.V., contratado por CAASA para presionar a los usuarios morosos, es uno de los muchos despachos jurídicos que están incurriendo en esas políticas terroristas.

En sus notificaciones domiciliarias, refieren lo siguiente: “Evite el corte del servicio, el bloqueo del drenaje o la cancelación de su contrato, además de generar múltiples problemas de carácter legal, presentándose a realizar su pago de manera inmediata”.

Asimismo, en sus advertencias los despachos exponen que han sido contratados para tramitar las gestiones judiciales y extrajudiciales que sean necesarias, con la finalidad de recuperar el adeudo total general por contratación u omisión de la misma, consumo, multas, saneamientos y otros, que tiene de acuerdo al contrato firmado para el suministro de agua potable y alcantarillado.

Por lo tanto, se les exige finiquitar de inmediato el saldo pendiente, en el entendido que de no atender el llamado se enfrentarán ante serios problemas legales.

Este tipo de políticas de cobranza para tratar de hacer efectivos los pagos justos e injustos por el servicio, han concitado el enojo de los usuarios, pues en muchos casos argumentan que no es legal que se les cobre por un servicio que no se les está prestando, por el pésimo estado de los equipos (obsoletos) y la presencia de fugas, cuyo costo se les trata de endosar en los recibos.